¿Qué cambia (y supone) la nueva Ley de Arquitectura?

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), ha aprobado el Proyecto de Ley de Calidad de la Arquitectura, iniciándose así su tramitación parlamentaria. Y en la redacción no podemos estar más contentos, porque, por primera vez, la arquitectura será un bien de interés general. Así lo aseguran desde el Ministerio: "Esta ley nace con el objetivo de garantizar la calidad de la arquitectura como bien de interés general, teniendo como principales metas promover vínculos que fomenten el acercamiento de la arquitectura a la sociedad. La futura normativa también busca dar respuesta a la mayor concienciación por cuestiones sociales, medioambientales y de revalorización del patrimonio arquitectónico, proceso que se ha acelerado con la pandemia que hemos vivido y en la que aún estamos inmersos".

La ley incluye medidas específicas para que desde los poderes públicos se impulse la difusión nacional e internacional de la arquitectura, el apoyo a las empresas y a los profesionales españoles, el establecimiento de incentivos y premios que reconozcan la calidad, el impulso de la investigación y la innovación y, por supuesto, la protección de los valores del patrimonio construido, incluyendo el fomento de la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas sostenibles.

Se incluye la creación de dos órganos: la Casa de la Arquitectura y el Consejo de Calidad de la Arquitectura. El primero busca acercar los valores de la arquitectura a la sociedad. El segundo se constituirá como una plataforma de intercambio de conocimiento y de participación, así como "de consulta y asesoramiento en las materias relacionadas con los contenidos de la ley, como promover la adopción de normas o medidas de carácter general para la mejora de la calidad de la arquitectura, o modificar las ya existentes, así como elaborar y difundir modelos de pliegos y otros documentos de carácter orientativo".

Hay que destacar que, de cara a su elaboración, se optó por una amplia participación pública, ya que, además, de la consulta previa que tuvo lugar en el mes de julio de 2020, se celebró un proceso participativo multidisciplinar estructurado en seis mesas de debate, que pudo ser seguido de forma telemática y en abierto, teniendo una gran repercusión en redes, incluso a nivel internacional. ¡Por fin tenemos el reconocimiento que se merece!